El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un nuevo paso en su estrategia para reducir la presencia de viviendas destinadas al alojamiento turístico. El 9 de octubre de 2026, la Comisión de Economía y Hacienda municipal aprobó provisionalmente una modificación de las ordenanzas fiscales que permitirá incrementar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) entre un 50% y un 150% a los titulares de viviendas de uso turístico, en función del número de inmuebles que exploten bajo esta modalidad. La medida afectará potencialmente a las 10.627 licencias turísticas activas en la ciudad y tendrá una incidencia especialmente importante sobre los propietarios y empresas que concentran cuatro o más alojamientos, a quienes se aplicará el recargo máximo.
La iniciativa fue aprobada con los votos favorables del PSC, Barcelona en Comú y Esquerra Republicana de Catalunya, la abstención de Junts per Catalunya y la oposición del Partido Popular y Vox. No obstante, la aprobación en comisión no significa que el incremento tributario sea ya definitivo. La propuesta deberá someterse a una aprobación inicial en un pleno municipal extraordinario previsto para la próxima semana y posteriormente superar el procedimiento de alegaciones antes de su ratificación definitiva, prevista para el pleno ordinario de diciembre. Si se completa este procedimiento, el primer devengo del recargo se producirá el 31 de diciembre de 2027, con liquidación anual.
La diferencia entre los tres niveles resulta especialmente importante porque el recargo se aplica sobre la cuota líquida del impuesto, no directamente sobre el valor catastral ni sobre los ingresos obtenidos mediante el alquiler turístico. Esto significa que, si una vivienda tiene una cuota líquida anual de IBI de 800 euros, un propietario con una única vivienda turística tendría que abonar 400 euros adicionales, elevando su tributación total a 1.200 euros. Si ese mismo inmueble perteneciera a un titular de dos o tres viviendas turísticas, el recargo sería de 800 euros y la factura total ascendería a 1.600 euros. Finalmente, si el propietario dispusiera de cuatro o más viviendas turísticas, el recargo alcanzaría 1.200 euros y el importe total del impuesto sería de 2.000 euros.
Por tanto, hablar de una subida del 150% no significa que el propietario pague un IBI equivalente al 150% de su importe anterior, sino que tendrá que abonar el impuesto ordinario más un recargo adicional del 150%. En la práctica, su factura total será equivalente al 250% de la cuota líquida ordinaria, siempre que no intervengan otras particularidades tributarias.
La regulación estatal que habilita estos recargos se incorpora al artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Su aplicación se limita a inmuebles residenciales destinados a alojamiento turístico situados en municipios incluidos en zonas de mercado residencial tensionado. La ley permite que los ayuntamientos establezcan estos recargos, pero no los impone automáticamente, por lo que cada municipio debe aprobar su correspondiente regulación fiscal.
En concreto, 3.274 licencias corresponden a titulares que disponen de una única vivienda turística, lo que representa aproximadamente el 30,8% del total. Otras 1.276 licencias pertenecen a propietarios que explotan dos o tres alojamientos, equivalentes al 12% del conjunto. Finalmente, 6.077 licencias están vinculadas a titulares que disponen de cuatro o más viviendas turísticas, aproximadamente el 57,2% del total.
Estas cifras son especialmente importantes porque muestran que el recargo máximo afectará a la mayor parte de las licencias, aunque no necesariamente a la mayoría de los propietarios individuales. Es fundamental distinguir entre el número de viviendas y el número de titulares: una empresa que gestione varias decenas de alojamientos concentra numerosas licencias, pero constituye un único operador.
De acuerdo con las estimaciones de la patronal Apartur, las aproximadamente 10.000 viviendas turísticas de Barcelona pertenecen a unos 5.000 propietarios. Aunque existen numerosos particulares que disponen de una o dos viviendas, también hay sociedades y grandes operadores que concentran carteras inmobiliarias muy amplias. Algunos titulares llegan a disponer de decenas de apartamentos y existen operadores con más de un centenar de viviendas destinadas al alojamiento turístico.
Esta concentración explica que el Ayuntamiento haya optado por establecer un sistema progresivo, en el que la carga fiscal aumenta a medida que crece el número de inmuebles explotados. El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Jordi Valls, defendió durante la sesión que una parte considerable de las viviendas turísticas constituye una actividad empresarial y que, por tanto, debe recibir un tratamiento fiscal diferenciado del uso residencial ordinario.
La iniciativa fue aprobada con los votos favorables del PSC, Barcelona en Comú y Esquerra Republicana de Catalunya, la abstención de Junts per Catalunya y la oposición del Partido Popular y Vox. No obstante, la aprobación en comisión no significa que el incremento tributario sea ya definitivo. La propuesta deberá someterse a una aprobación inicial en un pleno municipal extraordinario previsto para la próxima semana y posteriormente superar el procedimiento de alegaciones antes de su ratificación definitiva, prevista para el pleno ordinario de diciembre. Si se completa este procedimiento, el primer devengo del recargo se producirá el 31 de diciembre de 2027, con liquidación anual.
Tres niveles de recargo según el número de viviendas turísticas
El nuevo sistema establece tres tramos de tributación que dependen del número de viviendas de uso turístico de las que sea titular el contribuyente. Los propietarios de un único inmueble turístico soportarán un recargo del 50% sobre la cuota líquida del IBI. Aquellos que dispongan de dos o tres viviendas turísticas deberán afrontar un incremento del 100%, mientras que los titulares de cuatro o más inmuebles destinados a esta actividad quedarán sometidos al recargo máximo del 150%.La diferencia entre los tres niveles resulta especialmente importante porque el recargo se aplica sobre la cuota líquida del impuesto, no directamente sobre el valor catastral ni sobre los ingresos obtenidos mediante el alquiler turístico. Esto significa que, si una vivienda tiene una cuota líquida anual de IBI de 800 euros, un propietario con una única vivienda turística tendría que abonar 400 euros adicionales, elevando su tributación total a 1.200 euros. Si ese mismo inmueble perteneciera a un titular de dos o tres viviendas turísticas, el recargo sería de 800 euros y la factura total ascendería a 1.600 euros. Finalmente, si el propietario dispusiera de cuatro o más viviendas turísticas, el recargo alcanzaría 1.200 euros y el importe total del impuesto sería de 2.000 euros.
Por tanto, hablar de una subida del 150% no significa que el propietario pague un IBI equivalente al 150% de su importe anterior, sino que tendrá que abonar el impuesto ordinario más un recargo adicional del 150%. En la práctica, su factura total será equivalente al 250% de la cuota líquida ordinaria, siempre que no intervengan otras particularidades tributarias.
La regulación estatal que habilita estos recargos se incorpora al artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Su aplicación se limita a inmuebles residenciales destinados a alojamiento turístico situados en municipios incluidos en zonas de mercado residencial tensionado. La ley permite que los ayuntamientos establezcan estos recargos, pero no los impone automáticamente, por lo que cada municipio debe aprobar su correspondiente regulación fiscal.
Más de la mitad de las licencias turísticas soportarán el incremento máximo
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la distribución de las licencias turísticas entre los distintos tipos de titulares. Según los datos municipales, Barcelona cuenta actualmente con 10.627 licencias activas de viviendas de uso turístico, pero su distribución presenta una concentración considerable.En concreto, 3.274 licencias corresponden a titulares que disponen de una única vivienda turística, lo que representa aproximadamente el 30,8% del total. Otras 1.276 licencias pertenecen a propietarios que explotan dos o tres alojamientos, equivalentes al 12% del conjunto. Finalmente, 6.077 licencias están vinculadas a titulares que disponen de cuatro o más viviendas turísticas, aproximadamente el 57,2% del total.
Estas cifras son especialmente importantes porque muestran que el recargo máximo afectará a la mayor parte de las licencias, aunque no necesariamente a la mayoría de los propietarios individuales. Es fundamental distinguir entre el número de viviendas y el número de titulares: una empresa que gestione varias decenas de alojamientos concentra numerosas licencias, pero constituye un único operador.
De acuerdo con las estimaciones de la patronal Apartur, las aproximadamente 10.000 viviendas turísticas de Barcelona pertenecen a unos 5.000 propietarios. Aunque existen numerosos particulares que disponen de una o dos viviendas, también hay sociedades y grandes operadores que concentran carteras inmobiliarias muy amplias. Algunos titulares llegan a disponer de decenas de apartamentos y existen operadores con más de un centenar de viviendas destinadas al alojamiento turístico.
Esta concentración explica que el Ayuntamiento haya optado por establecer un sistema progresivo, en el que la carga fiscal aumenta a medida que crece el número de inmuebles explotados. El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Jordi Valls, defendió durante la sesión que una parte considerable de las viviendas turísticas constituye una actividad empresarial y que, por tanto, debe recibir un tratamiento fiscal diferenciado del uso residencial ordinario.